La capital del Perú intenta superar las barreras de desigualdad social y mala gestión municipal que le impiden volverse una ciudad verde.
Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. Sin embargo, las primeras fotos en los buscadores de internet muestran una ciudad que presume de grandes y frondosas áreas verdes frente al mar. Pero estas fotos no contemplan toda la realidad de esta ciudad, que se asentó hace casi 500 años sobre la arena y acantilados.
Y es que la capital del Perú está considerada una de las ciudades con la peor asignación de áreas verdes per cápita en la región. De los 9 m2 por persona que se recomienda por distintas fuentes internacionales, Lima en promedio solo llega a cerca de 3 m2. ¿Por qué una ciudad con 8 millones de habitantes tiene tantos problemas para ser verde?
El gran desierto
Diversos expertos coinciden que el gran problema es la falta de planeamiento territorial. En parte es porque la ciudad ha crecido en las periferias con construcciones informales que no permiten un crecimiento sostenible. La Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) señala que el 70% de viviendas de Lima son informales.
Esto no solo significa que están más vulnerables a desastres naturales, sino que no tuvieron la supervisión legal y técnica para su construcción. Esto se ve representado en largas filas de edificaciones que no cuentan con la debida distribución entre espacios públicos -como las áreas verdes- con el territorio destinado a construcciones privadas.
Augusto Mendoza, experto en desarrollo urbano y ordenamiento territorial señala que Lima tiene lugares muy saturados. Es decir, cuando el área total de edificaciones es mucho más grande que el área pública. Y es debido a que, a través de las décadas, parte de la norma lo permitía o porque se construyeron edificaciones fuera de la ley. “Hemos perdido la capacidad de planificación de áreas verdes y ha primado el interés más pecuniario de desarrollo urbano” comenta.
¿Se necesitan más parques?
Lima es una capital con grandes desigualdades sociales, que también se ve reflejada en la gestión de áreas verdes. Como ejemplo, hay una enorme diferencia entre dos distritos. San Juan de Lurigancho, con más de 1 millón habitantes y con un ingreso per cápita bajo en promedio, cuenta con 1.59 m2 de áreas verdes por persona, mientras que San Isidro, un distrito con ingresos per cápita alto y con una población de más de 60 mil habitantes, tiene 22.09 m2 por cada habitante.
La OMS recomienda que existan áreas verdes a un rango máximo de 300m de cada vivienda, con el fin de garantizar un correcto desarrollo social y ambiental. Sin embargo, las cifras nos señalan que la mayoría de distritos limeños tampoco cumplen estos indicadores, incluso aquellos ubicados fuera de la periferia.
“Algunos proyectos inmobiliarios son mucho cemento y poco verde. Hemos podido percibir que alguna parte de la población valora más tener un patio de cemento que un jardín, porque puede darle más usos”, señala Jonathan Bedoya, Gerente de Proyectos de la empresa de paisajismo Espacio Verde.
A esto le sumamos que varios parques muestran un evidente signo de deterioro y abandono. Y es por dos grandes problemas: la inacción de las autoridades (con la ausencia de capacidad de gestión y conocimiento técnico) y la falta de presupuesto de las municipalidades.
Al estar muchos de estos parques ubicados en distritos con economías informales, la recaudación predial se dificulta, pues la municipalidad no logra contar con el presupuesto para su adecuada gestión.
A ello hay que agregarle que muchas áreas verdes no cuentan con un sembrado de especies idóneas para una zona con las características geográficas y climatológicas de Lima, lo que incrementa la dificultad en su mantenimiento.
“El mantenimiento de áreas verdes tiene un costo considerable. Debemos conseguir un equilibrio entre la cantidad de área verde necesaria para la gente y la capacidad de cada municipio de mantenerlo, más allá de aumentarle la tasa de parques y jardines a las familias” comenta Mendoza.
Una ley sostenible
La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible publicada en julio del 2021, procura nuevos mecanismos para reglamentar la construcción urbana y obligaciones de las municipalidades.
A pesar que existe mucho debate en torno a esta ley, y Mendoza no está del todo de acuerdo con lo que se plantea, la existencia de normativa de este tipo resulta fundamental como primer paso para mejorar las condiciones regulatorias de la ciudad. Y así incentivar la zonificación adecuada a favor de un desarrollo urbano respetuoso con los espacios públicos y áreas verdes.
Y es que un análisis de Álvaro Espinoza y Ricardo Fort alertó que el 93% de la nueva área urbana de las ciudades más grandes del Perú era informal. Solo un 6% era construcción formal y un 1% era destinado a proyectos de vivienda social.
“Los proyectos privados y públicos formales deben poder gestionarse dentro de las condiciones económicas del mercado y de las familias” apunta Mendoza. Para ello se debería canalizar los financiamientos de proyectos de viviendas hacia el desarrollo sostenible y no en la expectativa de formalizar con financiamiento estatal terrenos informales, como viene sucediendo.
Sembrar en un desierto
Jonathan Bedoya identifica dos problemas a solucionar a la brevedad para mejorar la gestión de áreas verdes. El primero es el uso eficiente del agua para el riego. “Con plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de riego adecuados, uno podría convertir el desierto en un bosque. El agua es la verdadera semilla de las plantas, de la vida” indica. Pues la mayoría de desagües desembocan directamente al mar y las cisternas usadas para regar áreas verdes desperdician muchos recursos.
La segunda solución es capacitar al personal encargado dentro de las municipalidades. Bedoya cuenta que muchos proyectos de arborización no son sostenibles porque siembran especies no nativas, que no pueden sobrevivir a las condiciones climáticas de Lima. Además, que muchos encargados de jardinería desconocen los procesos de mantenimiento para áreas de uso intensivo. “Frente a mi casa se cayó la rama de un árbol, el personal vino y lo taló casi todo. No están preparados para afrontar esta situación” indica.
En Espacio Verde confían en las soluciones que desde el sector empresarial se puede brindar. Un proyecto inmobiliario que respeta y promueve los espacios verdes se vende mejor, como señala su experiencia. Pero también se pueden implementar soluciones en el cemento ya construido, como jardines verticales o huertos urbanos que hagan uso de los espacios vacíos en las edificaciones.
Un jardín vertical es un sistema de jardinería donde se colocan plantas en una estructura vertical, permitiendo aprovechar el espacio hacia abajo. Esta tecnología aun es costosa (entre 120 y 250 USD por m2) y necesita que la edificación tenga cimientos fuertes. No obstante, Bedoya asegura que además de la posibilidad de sembrar plantas funcionales y estéticas, se podría utilizar un financiamiento “verde”, especial para aquellos proyectos que apuesten por esta solución.
Además, para los distritos de la periferia limeña, donde la autoconstrucción no ha permitido un desarrollo urbano sostenible, el gerente de Espacio Verde apoya campañas de democratización y sensibilización sobre las áreas verdes, como “Adopta un árbol” que incentiva el cuidado de áreas verdes y el riego eficiente.
Jonathan Bedoya es optimista en el potencial de los proyectos que puedan revalorizar las áreas verdes, y acoplar la sostenibilidad en sus políticas empresariales. “El reto es cómo incluir la sostenibilidad en nuestra vida sin perder la rentabilidad.” finaliza.
Conoce más
Augusto Mendoza, experto en desarrollo urbano y territorial
Jonathan Bedoya, Gerente de Proyectos de Espacio Verde – Paisajismo & Medio Ambiente
