Los esfuerzos para incentivar el mercado de autos particulares eléctricos cada vez son más prioritarios en Costa Rica, con el fin de alcanzar sus metas de reducción en la contaminación.
Una transición que necesita más potencia
Costa Rica ha establecido un Plan Nacional de Descarbonización cuyo primer eje hace hincapié en un transporte sostenible y eléctrico. Siendo este país el tercero con más densidad vehicular de América Latina, muchos expertos señalan que hacen falta estrategias más focalizadas que contemplen la reducción de vehículos a combustión. De esta forma, logren alcanzar las metas de descarbonización y continuar con la imagen de país “verde” que mediáticamente Costa Rica ha promocionado.
La Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico plantea una serie de incentivos y cambios en la infraestructura. Así se promueve que el país centroamericano cuente con las facilidades para que sus habitantes apuesten por la electromovilidad con un plazo hasta el 2023.
La meta que se fijó desde el 2018 intentaba que los costes de adquisición de un vehículo eléctrico (EV) sean competitivos con los de un vehículo a combustión. Pero a poco tiempo de finalizar el plazo, esto no se ha conseguido en su totalidad. De un parque automotor de más de un millón de vehículos medianos y ligeros, hasta el año 2020 solo habían un poco más de 3 mil vehículos eléctricos registrados.
Silvia Rojas, Directora Ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica ASOMOVE, señala que hubo un considerable avance en los últimos años para ofrecer un sistema de electromovilidad atractivo para los usuarios. Sin embargo, se necesita darle más potencia a este esfuerzo para alcanzar las metas deseadas.
Y es que, según cuenta, desde esta asociación civil han identificado algunas principales decisiones de compra para que un usuario opte por un vehículo eléctrico. Estas se enfocan en la importancia ambiental, el precio del vehículo y la facilidad de su uso a través de las carreteras costarricenses. ¿En qué aspecto se puede trabajar más?
Impuestos Verdes
En las próximas semanas se busca debatir una modificatoria a la normativa la actual. Se plantea una estrategia agresiva en los incentivos fiscales para que los compradores puedan migrar de forma más eficaz a la electromovilidad.
Por ejemplo, se establece que para el periodo 2022 -2024 exista una exoneración del 100% del impuesto sobre el valor aduanero. Este se reduciría cada 3 años hasta llegar a exonerar solo el 25% el 2033. Para el caso del impuesto a la propiedad de vehículos eléctricos, se propone que se exima el 100% a partir de los vehículos comprados el 2022. Esta exoneración disminuye a un rango de 20% cada año, hasta llegar a solo exonerar un 20% al 2026. Costa Rica, como muchos países, está atravesando una disminución de recaudación fiscal producto de la pandemia. Sin embargo, la modificatoria propone agilizar la reactivación económica enfocándose también en los fabricantes y ensambladores de autos. Pues si establecen una planta de autos eléctricos en Costa Rica, se les exonerará el pago de impuesto sobre ventas, solo si el valor agregado nacional es como mínimo de 20%.
Rojas señala que esta nueva medida es bastante enfática en el tema tributario. No obstante, indica que la fórmula para poder establecer una estrategia integral a favor de la electromovilidad también debe superar dos barreras más: un costo competitivo final y una infraestructura que promueva su uso.
Ansiedad de rango
La “ansiedad de rango” es un término difundido hace muchos años en la industria. Este ejemplifica la ansiedad de los propietarios de autos eléctricos por quedarse varados en medio del camino, al no tener la carga suficiente. La primera forma de solucionar esta brecha es brindando al mercado vehículos con mayor duración en su batería. Mientras que la segunda forma radica en establecer desde el sector público y privado, una red de estaciones de carga en todas las vías disponibles.
La normativa de Costa Rica ha favorecido a que desde el Instituto Costarricense de Electricidad se gestionen gran parte de las estaciones de carga rápida a lo largo de todo su territorio. Hoy el país cuenta- entre instalaciones públicas y privadas- con una red de 140 cargadores entre rápidos y semirápidos para poder ofrecer estas soluciones a la máxima cantidad de usuarios disponibles.
Además, están ubicados en puntos estratégicos para la economía nacional, como los lugares turísticos. A través de la Ruta Eléctrica en Monteverde y La Fortuna, se ha garantizado que los principales destinos turísticos de Costa Rica tengan a su disposición una red de electrocarga. Así, el turista nacional e internacional podría llegar a todos los puntos que desee en un vehículo eléctrico, sin tener el temor a quedarse sin carga.
La mayoría de estos puntos de carga son por el momento de uso gratuito. La estrategia gubernamental favoreció a que se puedan instalar estaciones en zonas de alto tránsito, como hoteles, centros comerciales, estaciones, restaurantes. Así encontrar la sinergia con el sector empresarial, que vean el potencial de las estaciones de cargas (cuyo precio ronda los 1200 USD en semirápidas) para atraer a este público entusiasta por la electromovilidad.
Un mercado de segunda mano
Costa Rica es un país “caro”. Distintos estudios lo ubican como un país donde los costes para la mayoría de bienes y servicios son mayores en comparación a sus similares en la región. Esto también se ha trasladado a los vehículos.
Y a pesar que las exoneraciones de impuestos son necesarias para superar esta brecha de los vehículos eléctricos, como señala Rojas, hace falta que también se contemple de mejor manera el mercado de los EV de segunda mano. Y es que estos resultan más económicos y están a precios más competitivos con los vehículos a combustión que los EV nuevos.
“Existe una diferencia de alrededor de 10 mil dólares entre el mismo vehículo en su modelo eléctrico y a combustión. En el caso de los de segundo uso, este precio se reduce” comenta Rojas.
Y es que el gran reto es que la normativa propuesta también sea explícita en incentivos necesarios para la importación y venta de vehículos de segundo uso. De esta forma se logrará alcanzar las metas objetivo con un gran segmento de la población, quienes por ahora podrían percibir el acceso a los EV como un lujo.
Así se configura una estrategia multisectorial, y que también espera abarcar al sector de reparto, la movilidad pública- necesaria para una eficiencia en el transporte masivo- y a la micromovilidad eléctrica, con un auge cada vez más grande entre la población costarricense.
“Tenemos todavía que trabajar para esta transición en la compra de vehículos. Nuestro objetivo es que las generaciones venideras nunca se suban a un vehículo que bote humo y use gasolina” finaliza Rojas.
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Silvia Rojas, Directora Ejecutiva – ASOMOVE
